Hacienda debe al sistema eléctrico 1.500 millones de los tributos energéticos

Hacienda debe al sistema eléctrico 1.500 millones de los tributos energéticos

Solo ha trasvasado a los peajes 783 millones por gravámenes y del CO2

  • Los retrasos los financian las grandes eléctricas
  • Hacienda alega trámites burocrático

El informe mensual de recaudación de la Agencia Tributaria de noviembre incluye los ingresos correspondientes a los tributos y cánones energéticos que entraron en vigor el 1 de enero de 2013 y que tienen como finalidad financiar al sistema eléctrico. En total, 1.932 millones que, unidos a los 352 millones obtenidos de las subasta de derechos de emisión de CO2, que también se deben destinar a la tarifa, arroja una recaudación de 2.284 millones de euros.

A falta de que se cierre diciembre, esa cifra es inferior a los 2.906 millones que el Gobierno preveía recaudar cuando comenzaron a aplicarse estos impuestos, en enero del año pasado. La nueva orden de peajes en trámite estima que la recaudación en 2013 alcanzará los 2.676 millones:2.350 millones por las medidas fiscales y 326 millones equivalentes al 90% de lo ingresado por España en las subastas comunitarias de C02.

Sin embargo, pese a dicha recaudación, la CNMC, organismo encargado de liquidar los ingresos del sistema eléctrico a través de una cuenta a su nombre, solo ha recibido 783 millones de euros de lo ingresado por dichos conceptos, según figura en la liquidación número 10 correspondiente a octubre. El grueso de esa cantidad, 575,5 millones, corresponde a los impuestos y cánones y, el resto, al C02.

Por tanto, el Estado debería al sistema eléctrico 1.500 millones, en su mayoría, de tributos que salen de las empresas del sector y los usuarios. La situación es grave pues, en tanto se desembolsa, ese déficit lo financian las grandes eléctricas: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Eon.

“El Estado no solo no ayuda a la tarifa eléctrica, sino que esta financia al Estado”, se lamentan las empresas del sector.

En el Ministerio de Hacienda aseguran que las liquidaciones han de superar un trámite “engorroso”, por lo que hay un decalaje. Una vez que se recaudan los impuestos, recuerdan, los ingresos los debe validar la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que ha de emitir los correspondientes certificados y después los envía al Ministerio de Industria. Este departamento es el encargado de ingersar el dinero en la cuenta de la CNMC. Según los datos oficiales de Hacienda, a finales de noviembre, la IGAE había certificado 1.380 millones de los cuatro impuestos energéticos. En estas cifras no se incluye lo correspondiente al CO2, que también ingresa el Estado.

Además de algunos cánones menores a la producción con carbón y a la nuclear, la Ley 15/2012 de 27 de diciembre de medidas fiscales para la sostenibilidad energéticao, estableció un gravamen del 7% a todo tipo de generación eléctrica y el llamado céntimo verde, un tipo del Impuesto de Hidrocarburos que se activó para gravar el consumo de gas natural. Un 58% de este tributo, por ser medioambiental, irá a las comunidades autónomas, lo que supone 500 millones menos de lo esperado.

Malestar entre las grandes eléctricas por los retrasos

El decalaje por razones burocráticas al que alude el Ministerio de Hacienda para justificar el retraso en saldar los impuestos energéticos con el sistema eléctrico, lo financian mientras tanto las cinco grandes eléctricas de Unesa, que ya hacen lo propio con el déficit de tarifa.

Las compañías han venido advirtiendo de los retrasos en las liquidaciones desde mediados del año pasado y consideran que la situación, con un desfase de 1.500 millones de euros, es ya insostenible. Hacienda no solo ha eliminado las partidas presupuestarias previstas para apoyar financieramente al sistema eléctrico (el polémico crédito extraordinario de 2.200 millones y los 900 millones de los incentivos extrapeninsulares), sino que ahora, aseguran fuentes empresariales, “se beneficia de la liquidez de unos impuestos destinados expresamente a las actividades reguladas”. En otras palabras, “el Estado no solo no ayuda a la tarifa eléctrica, sino que esta financia al Estado”, se lamentan.

Cuando la CNMC recibe el dinero del sistema (unos 15.000 millones de euros anuales procedente en su inmensa mayoría de la factura de la luz y otra parte menor, 2.676 millones, de la nueva fiscalidad energética) salda cada mes los costes del sistema (las primas de las renovables, la retribución de las redes, el servicio de la deuda eléctrica y los gastos de funcionamiento del sistema). Si falta dinero, las cinco grandes propietarias de las redes de distribución, se quedan sin cobrar. Es el llamado déficit de tarifa que hasta ahora se regularizaba.

Para este año, la orden ministerial de peajes incluye un déficit de casi 3.600 millones. La CNMC tiene previsto aprobar hoy el informe sobre la citada orden que supondrá una subida media de la factura de la luz casi el 1% desde el 1 de enero.

 

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Fuente:  Cinco Días

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