La ciclogénesis explota en la Europa verde

La ciclogénesis explota en la Europa verde

José Carlos Cano

Un vendaval recorre Europa asolando a su paso
calles, pueblos, industrias y, en definitiva, la
economía. Los vientos que antaño provenían
del Continente solían traer beneficios en forma
de precipitaciones moderadas, esas que calan
el terreno de forma pausada y racional. Buenos vientos y
buenas lluvias que España recibía con los brazos -quizá
demasiado- abiertos.
Pues bien, esta ciclogénesis explosiva, no es sólo
metereológica, es, fundamentalmente, institucional. Siempre
ignoramos las repercusiones económicas que tienen las
decisiones políticas y, lo que es más alarmante, la mayor
parte de las veces estas decisiones se toman más allá de
nuestras fronteras sin nuestro conocimiento. Se adoptan en
escenarios que ignoran la realidad, la vida diaria de los
territorios donde son aplicadas y, por lo tanto, los efectos
devastadores que una mala decisión puede producir.
Tal y como muestra el informeHiperregulación en la Unión
Europea, presentado por elthink tankForo Europa
Ciudadana, que tengo el honor de presidir, las instituciones
europeas produjeron casi 40.000 normas jurídicas en el
periodo comprendido entre enero de 2000 y marzo de 2013

De esta cifra, 2.098 fueron Directivas que, a su vez,
pueden generar unos 400 actos internos de transposición
para su efectiva aplicación en el territorio nacional. Como
bien se destacaba en este informe, la aplicación
descentralizada del Derecho Europeo únicamente sirve para
acrecentar la situación de hiperregulación, máxime cuando 22
o 23 de los 28 Estados miembros incurren en infracciones
relativas a una determinada regulación comunitaria. En este
contexto, quizá sea adecuado replantear el objeto y el fin de
una norma que presenta tal grado de detractores.
Dentro de esta tendencia de hiperregulación, la UE ha
presentado recientemente un nuevo documento tituladoUn
marco estratégico en materia de clima y energía para el
periodo 2020 – 2030. En él se puede observar un auténtico
cambio de postura en materia de apoyo a las renovables. La
Comisión ha renunciado a fijar metas individuales para cada
Estado miembro y ha optado por fijar un objetivo común del
27 por ciento de generación de energía procedente de
fuentes renovables para el conjunto de la UE.
El cambio, ni en el fondo ni en la forma, es baladí. ¿Quién
responderá cuando en 2030 no se alcance este objetivo?
¿Quién será el responsable de este fracaso anunciado?

Desde luego no lo serán los países miembros puesto que en
ningún momento se les exige un cumplimiento individualizado
de la normativa.
Por si esto fuera poco, en octubre de 2010 la Comisión
presentó un texto autodenominadoNormativa inteligente en
la Unión Europea en el que se afirmaba la necesidad de
reforzar el papel de ciudadanos y partes interesadas en el
proceso de elaboración de leyes. Aplíquenlo.
Mientras que antes podíamos hablar de Europa como el
principal espacio institucional verde en el que las políticas de
apuesta para el apoyo a este tipo de energías era patente,
ahora nos encontramos con un escenario en el que las
empresas afectadas navegan con el aire en contra y lo hacen
por un golpe de viento no esperado.
Es cierto que tanto la crisis económica como los indudables
costes de las renovables han influenciado profundamente en
esta decisión, pero no por ello debemos evitar señalar con el
dedo a quien sembró el camino y ahora lo anega. El Libro
Blanco sobre la gobernanza europea declara que en
cualquier legislación es esencial poder llevar a cabo una
atribución de responsabilidad y este es el momento de
señalar a Europa como la responsable de establecer primero
una política de apoyo a estas tecnologías y luego una política
de abandono a las mismas empresas que creyeron un día en
el objetivo de conseguir un espacio limpio y eficiente para las
siguientes generaciones de europeos.
Hace unos días, en el marco de los Diálogos sobre Europa
y con el título Claves para el futuro de las energías

renovables, pudimos conocer de primera mano la situación
del sector en España. Lo hicimos, precisamente, en la sede
de las Instituciones Europeas en nuestro país que actúan, y
es de reconocimiento obligado, como un auténtico vehículo
de transmisión entre la realidad española y el día a día
europeo.
Unef, AEE, Appa, Anpier, Protermosolar y la Fundación
Renovables, junto a Foro Europa Ciudadana, pusimos de
manifiesto las pérdidas económicas y medioambientales que
todos deberemos asumir en el futuro. La mayor parte de
estas pérdidas tienen su razón en la inseguridad jurídica
generada durante años en España y que se ha visto reflejada
en la Orden Ministerial de asignación de retribución a las
energías renovables. Una orden que, ignorando al sector, se
fundamenta en unos estándares arbitrarios y que puede
calificarse, como ya se ha hecho, como “la regulación más
perniciosa que se ha dictado jamás en ningún país”.
Cierto es que el legislador español no es, precisamente, un
ejemplo en cuanto a la construcción de una legislación
eficiente, más bien al contrario, pero la realidad es que
mientras que antaño estas mismas asociaciones podían mirar
a Europa buscando apoyo y consuelo, ahora sólo encuentran
el desprecio en España y la soledad en Bruselas.
Aun tenemos una oportunidad de cambiar esta situación y
exigir a la Unión Europea y a la comisaria Heidegaard mayor
compromiso y, sobre todo, claridad a la hora de apostar por el
futuro que será verde y lo será por necesidad. El camino está
despejado pero el viento en contra es fuerte.

 

Articulo/ opinión  José Carlos Cano  ( Presidente de Foro Europa Ciudadana )

Fuente:  El Economista

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