El Gobierno obligará a las eléctricas a devolver un 0,5% del último recibo de la luz

El Gobierno obligará a las eléctricas a devolver un 0,5% del último recibo de la luz

El precio real es menor a la tarifa de tránsito.

El Gobierno considera que las compañías eléctricas tendrán que devolver a los consumidores una parte de la última subida de la luz, dado que los precios reales están evolucionando por debajo de las estimaciones que sirvieron para calcular la tarifa eléctrica en el primer trimestre de 2014. El incremento aprobado en enero, tras la controvertida suspensión de la célebre subasta de diciembre, quedó fijado en el 2,3% por acuerdo del Consejo de Ministros adoptado a instancias del propio presidente, Mariano Rajoy.

Los datos preliminares que maneja el Ministerio de Industria demuestran que a lo largo de enero y febrero la cotización de los contratos en el sistema eléctrico español ha situado el coste base en un promedio de 33 euros por megavatio/hora. Este importe se sitúa muy por debajo de los 48,41 E/MWh que fue utilizado como marco de referencia por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el informe remitido al Gobierno para fijar la subida de la electricidad actualmente en vigor.

El organismo regulador ofreció dos alternativas para determinar el cálculo de la tarifa, ambas relacionadas con la evolución inmediatamente anterior de los costes eléctricos en el mercado. Una se establecía con arreglo a la referencia de precios en los tres meses anteriores y la otra ampliaba el rango a un plazo de seis. La primera implicaba un aumento del recibo del 2,9% por la repercusión del coste de la energía. La segunda daba lugar a un incremento del 1,4%, que fue el que finalmente determinó el Consejo de Ministros. La tarifa subió en total un 2,3% al incluir otro 0,9% de los llamados peajes eléctricos.

El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes. (EFE)El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes. (EFE)

La decisión salomónica se arbitró como una solución transitoria dada la polémica suscitada a raíz del llamado ‘tarifazo’ del 11% que generó la subasta eléctrica celebrada el 19 de diciembre. El Gobierno salió escaldado de este mecanismo de precios y la CNMC decidió suspenderlo de por vida. Hace escasamente un mes, el Ministerio de Industria ha presentado la nueva metodología de cálculo del llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), pero el primer trimestre del año se resolvió con una solución transitoria y de emergencia que contemplaba en su origen la reliquidación de las facturas para evitar riesgos a las comercializadoras.

A vueltas con los contadores inteligentes

Curiosamente, esta cobertura de negocio destinada a favorecer a las empresas eléctricas juega ahora en contra de los propios agentes del sector porque los precios reales no sólo no han subido sobre el coste estimado, sino que, al revés, han bajado y son los consumidores los que ahora deberán ser compensados en los recibos de los próximos meses. El importe del descuento no es definitivo aún, si bien a tenor de las cifras provisionales de estos primeros meses del año y teniendo en consideración el consumo medio de electricidad, se estima que cada consumidor podría obtener una rebaja del 0,5% en alguno de los próximos recibos.

No parece sencillo que dicha compensación tarifaria se pueda llevar a cabo antes del segundo semestre del año, dado que la nueva metodología de precios minoristas tendrá que retrasarse unos meses hasta que las compañías eléctricas puedan poner en marcha los nuevos contadores inteligentes. El sector ha llegado a pedir hasta un año y medio de plazo para adaptarse a los cambios, pero el ministro de Industria, José Manuel Soria, no está dispuesto a conceder más de dos meses. Es cierto que las empresas eléctricas tienen ya instalados siete millones de estos equipos de medida y registro, pero ahora resulta que la mayor parte de las unidades no están preparadas todavía para contabilizar las discriminaciones horarias de consumo que exige el sistema de fijación de precios. El Gobierno considera que no es momento de contemplaciones y que son las compañías las que tienen la obligación de ponerse al corriente cuanto antes de los nuevos requerimientos regulatorios.

En España existen 27 millones de clientes conectados en baja tensión y con una potencia contratada inferior a 10 kW. Son los supuestos pequeños consumidores con derecho al llamado precio voluntario, equivalente a la antigua y célebre TUR (Tarifa de Último Recurso). De estos 27 millones, un total de 16 están acogidos al nuevo PVPC, mientras que el resto han optado por el mercado libre. En definitiva, faltan por instalar nueve millones de contadores para poder aplicar con garantías el mecanismo oficial de tarifas que se supone va a ajustar los precios al verdadero coste de la energía. Ojalá que sea en beneficio de un recibo de la luz más estable y, sobre todo, más barato.

 

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Fuente:  El Confidencial

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