El Gobierno aprueba el bono social

El Gobierno aprueba el bono social

El portavoz del Gobierno, Íñigo Fernández de Vigo, tras el Consejo...

El portavoz del Gobierno, Íñigo Fernández de Vigo, tras el Consejo de Ministros de la semana pasada     PABLO MORENO   EXPANSION

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley con el acuerdo con PSOE y C’s sobre los cortes de luz y el bono social y declarará como zona de emergencia la parte de Levante y Baleares que ha sufrido inundaciones.

El gabinete de Rajoy ha dado luez verde este real decreto ley, en el que se recoge lo acordado entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos acerca de la nueva financiación del bono social y la protección de los consumidores con vulnerabilidad severa frente a cortes de electricidad. También se prevé también desbloquear las soluciones técnicas del denominado nudo de Bergara del Tren de Alta Velocidad hacia el País Vasco.

El real decreto ley, que deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes, modifica algunos elementos de la Ley del Sector Eléctrico e incorporará a los consumidores en situación de vulnerabilidad severa dentro de la categoría de usuarios a las que no se puede cortar el suministro.

“Se amplía la posibilidad de que haya un consumidor vulnerable, oq ue permite intensidades de ayudas muy difentens”, ha explicado el ministro de Industrial, álvaro Nadal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “También se introduce la creación de una tipo de índice para poder comparar las diferentes ofertas”, ha indicado.

La norma establece que el bono social lo financiarán las comercializadoras de electricidad en función del número de clientes. Posteriormente, el Gobierno prevé acometer una revisión de esta ayuda para vincular su percepción a la renta.

Respecto a los cortes de suministro, contempla además que, para los consumidores vulnerables, no se pueda cortar la luz en un periodo de hasta cuatro meses desde la notificación del impago. También se incluye la obligación de que haya respuesta por parte de los servicios sociales cuando se les consulte sobre la situación de las familias vulnerables. “Aunque no lo parezca ahora había gente que no pagaba la luz y no lo sabe”, asegura Nadal.

En el desarrollo reglamentario quedan pendientes la articulación del procedimiento para evitar los cortes de suministro, la modificación de la definición de consumidores vulnerables que pueden acogerse al bono social y la fijación de mejores prácticas de comercialización para que los usuarios puedan conocer de forma más clara las ofertas energéticas.

El Gobierno calcula que actualmente hay 2,6 millones de hogares con consumidores vulnerables, que suponen unos siete millones de personas, que reciben un descuento en la factura de la luz a través del bono social.

Infracciones muy graves

El Gobierno podrá imponer además sanciones de hasta 60 millones de euros a las comercializadoras de electricidad que no cumplan con sus obligaciones referidas al nuevo sistema de financiación del bono social, según consta en el borrador del real decreto por el que se regula el nuevo mecanismo de fijación de esta ayuda a consumidores vulnerables.

En concreto, el real decreto ley incorpora por primera vez al catálogo de conductas consideradas “muy graves” dos apartados relacionados con las obligaciones de las comercializadoras con el bono social. Estas infracciones implican penalizaciones por importe de entre 6 y 60 millones de euros.

La sanción de entre 6 y 60 millones es la mayor de las recogidas por la ley eléctrica y, a partir de la aprobación del real decreto, se podrá aplicar cuando la comercializadora “deje de ingresar dentro de los planes legal o reglamentariamente establecidos las cuantías que correspondan al reparto del coste del bono social”, siempre que la cantidad anual que deba aportarse sea superior a 5 millones de euros.

La infracción por conducta “muy grave” también se podrá imponer cuando se produzca “el falseamiento u ocultación de datos sobre número de clientes o energía eléctrica suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración a efectos de la aplicación del mecanismo de financiación del bono social”.

Lo costean las matrices

El borrador también señala que el bono social será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen actividades de comercialización de electricidad, y no por las propias sociedades.

Además, indica que el importe que deberá financiar cada comercializadora se fijará no tanto en función de la energía suministrada como del número medio de clientes.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado en la rueda de prensa que el acuerdo sobre los objetivos de déficit público de las comunidades autónomas para los próximos ejercicios va a permitir “reforzar la credibilidad” de España ante las instituciones financiera y las autoridades europeas.

Justamente, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a los objetivos de déficit de cada región. Aunque se aprueben los objetivos individualizados, la cifra es la misma para todas las regiones. En 2017 el déficit de las comunidades autónomas se ha establecido en el 0,6% del PIB, en 2018 es del 0,3% y en 2019 se prevé estabilidad (0%). Según Méndez de Vigo, se trata un “buen acuerdo” para “reforzar” la credibilidad de España.

 

Articulo  PABLO MORENO

Fuente: EXPANSION

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