El recibo de la luz de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos dieciséis millones, estará directamente vinculado al mercado eléctrico mayorista a partir de abril, lo que permitirá ahorrar una media anual del 3 %, de acuerdo a los cálculos del Ministerio de Industria.

Fuentes de Industria han explicado que hoy remitirán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su propuesta para modificar el sistema para fijar el componente energético de la tarifa, que supone la mitad del recibo y que sustituirá a las antiguas subastas trimestrales.

El precio voluntario al pequeño consumidor -la antigua tarifa de último recurso (TUR)- se compone mediante la conjunción de los peajes de acceso, que fija el Gobierno para retribuir las actividades reguladas; el componente energético y los impuestos.

Hasta ahora, el componente energético se determinada trimestralmente en unas subastas denominadas Cesur que aseguraban un precio fijo para los tres meses siguientes, aunque esto implicaba ciertos costes por cobertura financiera.

Con el nuevo modelo desaparecen las coberturas financieras incluidas en esas subastas -que suponen un sobrecoste anual de 300 millones de euros, un total de 1.160 millones en los cuatro años de vigencia del modelo- dado que los consumidores pagarán en cada periodo de facturación exactamente el precio medio del mercado en esas fechas.

De hecho, los puntos de suministro que dispongan de contadores con discriminación horaria pagarán su consumo en función del precio registrado cada hora efectiva en el mercado.

Esto supondrá, según ha reconocido Industria, una cierta volatilidad -ya que el precio del mercado fluctúa en función de diversos factores, entre los que destaca la disponibilidad de producción renovable, que entra a cero euros y abarata el precio de cierre- aunque asegura que no será más que “unos pocos euros”, al alza o a la baja, en la factura final.

Además, al eliminar los costes financieros, la factura media de los consumidores acogidos a la tarifa se reducirá en torno a un 3 %, según Industria, unos 200 millones de euros anuales en total.

Industria habilitará una herramienta, a través de su web y de la de la CNMC, en la que cada consumidor introduciendo sus datos (potencia, periodo de facturación y consumo) podrá comprobar si su recibo es correcto y adecuado a los precios del mercado en el periodo.

Al margen de este sistema, los consumidores que lo deseen tendrán la opción de contratar una tarifa con precio fijo para todo el año, ya que Industria obligará a las comercializadoras de referencia a ofrecer esta opción, aunque el ministerio advierte que será más cara.

Sobre las tarifas anuales, desde Industria señalan que se tratara de ofertas “muy estandarizados” y que se harán publicas para facilitar a los consumidores las comparaciones. Los consumidores que se acojan a estas tarifas, pasarán al mercado libre aunque siempre tendrán la opción de volver al regulado.

Industria ha defendido este nuevo mecanismo, que entrará en vigor en abril, y se reflejará en la factura de mayo, como el “más transparente y menos costoso para el consumidor” e implicará la desaparición de “toda actuación del Gobierno en la fijación del precio de la electricidad”.

Para garantizar que el mercado eléctrico mayorista funciona correctamente, tanto Industria como la CNMC planean reforzar los mecanismos de vigilancia, aunque no han desvelado en qué sentido.

En diciembre, el Gobierno anuló el resultado de la última subasta Cesur por concurrir “circunstancias atípicas” y fijó un precio provisional para este primer trimestre del año a la espera de establecer un nuevo mecanismo.

Este precio provisional se comparará, una vez cerrado el trimestre, con el precio medio del mercado en el periodo y la diferencia, que por el momento es a la baja, se ajustará en las facturas de los consumidores en los meses de mayo o junio.

Fuente:  La Razón – Efe