El Gobierno cambia la metodología para sufragar el bono social de la luz por parte de las empresas eléctricas

El Gobierno cambia la metodología para sufragar el bono social de la luz por parte de las empresas eléctricas

El Gobierno aprobó este viernes un real decreto por el que se desarrolla la nueva metodología para la fijación de los porcentajes del reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social de la luz, la tarifa de la que se benefician más de 2,5 millones de personas desde 2009, por parte de las empresas que desarrollan actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.

Así lo anunció la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que detalló que la nueva metodología no afecta al cálculo del importe del bono social, sino a aspectos como la forma con que se sufraga por parte de las empresas obligadas a hacerlo.

Sáenz de Santamaría señaló que el cálculo de estos porcentajes lo hará anualmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para lo que las empresas “deberán facilitarle la información necesaria”, y se aprobará por orden del Ministerio de Industria.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno recordó que el bono social de electricidad, según la Ley del Sector Eléctrico, que afecta a los consumidores “más vulnerables”, es una “obligación” del servicio público y cuyo descuento se realiza en función de los consumos y las rentas de los consumidores.

Hasta esta ley, el coste del bono social lo asumían las cinco grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON) pero ahora participarán en el reparto todos los agentes verticalmente integrados, es decir, los que desarrollan simultáneamente actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.

“La metodología se realiza proporcionalmente al tamaño de cada grupo empresarial según número de clientes y suministros”, apuntó la vicepresidenta, cantidad que tendrá que ser dividida entre los suministros y clientes de todas las empresas obligadas a costear el bono social.

En cualquier caso, el Gobierno no detalló si esta especificación implica, en la práctica, la entrada de nuevas empresas en el reparto de este coste ni, en su caso, cuáles serían.

También se estableció un mecanismo de control y transparencia, ya que la CNMC tendrá que publicar determinada información utilizada para este cálculo en su página web, en el mes de noviembre de cada año.

Un impacto “positivo”

El Gobierno sostiene que la futura norma no tendrá impacto presupuestario, aunque sí tendrá un impacto económico en las empresas que resultarán designadas para soportar el coste del bono social en función de los porcentajes que se establezcan conforme a esta norma.

“Sobre todo, tendrá un impacto positivo para los consumidores vulnerables, dado que con este real decreto se garantizará la partida destinada a la aplicación del bono social a este colectivo”, afirmó Sáenz de Santamaría.

El bono social se aplica automáticamente a todos aquellos hogares habituales con una potencia contratada inferior a tres kilovatios (KW) y se puede solicitar en aquellos con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios siempre que cumplan determinados requisitos.

Estos son personas físicas con potencia contratada de más de tres kW en su vivienda habitual,pensionistas con 60 o más años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, las familias numerosas y las familias con todos sus miembros en situación de desempleo. Durante esta legislatura el descuento máximo ya ha quedado limitado al 25%.

El número total de beneficiarios del bono social el año pasado fue de 2.511.158, un 2,4% menos que en 2012 y la cuantía destinada superó los 228 millones de euros en 2013.

 

Articulo / Fuente: REDACCIÓN – AGENCIAS – Energía Diario.

 

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