El gigante alemán RWE demanda a España por el recorte a las renovables

La solicitud de arbitraje, en la que RWE busca una indemnización, es la octava que se presenta ante el Ciadi por los recortes a la retribución de las inversiones en energías renovables. Además, hay otros pleitos abiertos ante otros tribunales de arbitraje internacionales.
En el Ciadi, los primeros en solicitar arbitrajes frente a España fueron los fondos de inversión RREEF y Antin, vinculados a Deutsche Bank y BNP, respectivamente, en noviembre del año pasado. Les siguió el fondo británico Eiser Infrastructure, también a finales de 2013. Este año han solicitado arbitrajes Masdar, firma estatal del emirato de Abu Dabi; NextEra, líder de las energías renovables en Estados Unidos; la firma de inversión británica InfraRed; Renergy, vinculada a la familia mexicana Gómez-Sainz, y ahora el gigante alemán RWE.
Según la información disponible en su página web, RWE tiene en España 16 parques eólicos (principalmente en Zaragoza y Soria) con una capacidad de 447 MW; cuatro centrales minihidráulicas (en Ávila, Albacete y Asturias) y una instalación termosolar (Andasol 3, en Granada). Independientemente de sus actividades en renovables, RWE es socio de Repsol en las prospecciones petrolíferas en canarias a través de su filial RWE Dea. Aunque el grupo alemán llegó a un acuerdo para vender esa división a una firma del oligarca ruso Mijaíl Fridman, la operación está bloqueada por falta de autorizaciones.
RWE Innogy Aersa, filial española de renovables del grupo alemán, cerró 2013 con unas pérdidas consolidadas de 115,6 millones de euros tras contabilizar el impacto de los cambios en la regulación en el valor de sus activos. La cifra de negocio fue de 82,7 millones, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
Fuentes jurídicas señalan que es el inicio de una nueva oleada de demandas contra España por parte de inversores internacionales en energías renovables. Hasta ahora, la mayoría de los arbitrajes se referían a los recortes de 2013 y años anteriores, pero con la gran reforma de este año (que afecta muy especialmente a la energía eólica), los inversores preparan nuevas demandas o la ampliación de las ya presentadas.
Las firmas extranjeras alegan la vulneración del Tratado de la Carta de la Energía y la falta de seguridad jurídica. El Gobierno español, que ha reforzado los servicios jurídicos destinados a hacer frente a la avalancha de pleitos, considera que ha respetado una rentabilidad razonable y que las medidas no son discriminatorias contra la inversión extranjera, sino que eran necesarias para la sostenibilidad del sistema y han afectado también a los inversores españoles.
Fuente: El País
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